Los accionistas de Repsol son conscientes de que deben actuar con rapidez para proteger a Repsol y, sobre todo, a Gas Natural Fenosa, de cualquier operación hostil ante la vulnerabilidad de la petrolera tras la confiscación de YPF. Así, su principal accionista, La Caixa, con el 13%, tiene encima de la mesa dos opciones defensivas: una fusión por absorción de Gas Natural por Repsol o la venta de la participación que la petrolera tiene en su filial, un 30,01%, según confirman fuentes solventes.
En este último caso, la idea es que con los fondos obtenidos, la petrolera que preside Antonio Brufau pueda comprar una petrolera de tamaño medio (quizás, la portuguesa Galp) que compensaría parte del cuerpo perdido con el expolio en el Cono Sur.
El viejo y recurrente proyecto de fusión de las dos compañías podría hacerse ahora realidad y las protegería ante una incursión hostil. Eso sí, la operación conllevaría una pérdida de valor para Gas Natural y exigiría una opa. Las acciones de Repsol (a 14,45 euros ayer) deberían canjearse por un valor inferior a las de Gas Natural (10,63 euros). La sede del nuevo grupo estaría en Barcelona.
De optarse por que Repsol venda las acciones de su filial, aunque no resulta el mejor momento, La Caixa se libraría de un posible socio no deseado en Gas Natural. En cualquier caso, se rompería el histórico pacto accionarial que les ha permitido controlar el consejo y gestionar la compañía durante años. Entre los dos accionistas controlan un 65,3% del capital de la filial, por lo que, si Repsol vende su parte, la entidad se quedaría con un 35,27%.
Sea cual sea la solución que se adopte, los expertos consideran que debe llevarse ya a la junta de Repsol convocada el 31 de mayo. Con la expropiación de YPF por el Gobierno argentino, Repsol ha perdido casi un tercio de su ebitda (1.231 millones el año pasado); la mitad de sus reservas (unos mil millones de barriles diarios) y se le han esfumado las expectativas creadas con el gran descubrimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo corresponden a YPF).
Y, lo más grave de la situación, el rating de la petrolera ha descendido hasta la frontera del bono basura (Standard & Poor's ha situado la calificación crediticia a largo plazo desde BBB a BBB-, con perspectiva negativa), lo que le encarecerá su acceso al crédito para abordar sus proyectos de upstream en el mundo. También en Bolsa el valor ha descendido casi un 40% en lo que va de año, lo que ha reducido su capitalización a los 17.648 millones de euros.
El hecho de que los accionistas busquen una solución urgente (Pemex tiene un 9,5% y Sacyr otro 10%) vendría a demostrar las escasas esperanzas de que el arbitraje internacional contra Argentina permita a Repsol cobrar un justiprecio. Al menos, a corto o medio plazo y siempre con un conflicto político de por medio. No se descarta, no obstante una negociación bajo cuerda del Gobierno español.
Los abogados del Estado argentino buscan pruebas de soborno o de delito medioambiental (las denuncias en este caso se remontan a 2008) para librarse de pagar dólar alguno por la malhadada petrolera.
Fuente: Gato Encerrado
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